En el siglo XX la base de legitimación de los Partidos se ha puesto
insistentemente en tela de juicio no sólo por las fuerzas que se reclaman
enemigas del sistema, que eso sería apenas obvio, sino por las diversas
corrientes que han conformado el bipartidismo. Esa reiteración de la
desconfianza sobre la legitimidad se transforma en ingrediente de
violencia y en justificativo de formas ilegales de acción política.
287 En la legislación colombiana resulta muy sorprendente la fertilidad
de la imaginación jurídica en materia de legislación electoral. No hay un
solo gobierno en el siglo XX que no asocie su gestión a la promoción de
proyectos de refoAna electoral y a la promulgación de leyes en esta
materia. Esta fecundidad legislativa sólo es superada por la
inconmovible perseverancia con la cual alternativamente los dirigentes
de los partidos lanzan la acusación de fraude al gobierno de turno, a
veces ni siquiera al gobierno sino a la fracción partidista que se cree más
sólidamente afianzada en el poder electoral. Los conservadores
justificaron "la abstención integral" en los años treinta aduciendo el
fraude electoral. Los liberales adoptaron la misma táctica en los
cuarenta invocando idéntica razón. A veces la acusación no se dirigía
contra el adversario tradicional sino que se esgrimía entre corrientes del
mismo partido. Tal fue el caso de alegatos sobre fraude entre lopistas y
santistas a comienzos de los años cuarenta (10)
La Violencia se justificaba en el argumento del fraude electoral. El
caudillo conservador Laureano Gómez en conferencia política por radio
el 11 de julio de 1947 lanzó el aviso de la existencia de un millón
ochocientas mil cédulas falsas (11). Ni el número de las supuestas
cédulas falsas, ni la atribución al partido liberal de la votación
correspondiente a esas cédulas fueron factores que Gómez se detuviera
a explicar. La expresión estaba concebida como formidable ariete
destinado a minar la legitimidad de las mayorías liberales y a sustentar
la imposibilidad para el liberalismo de presentarse como alternativa
política legalmente válida. Por su parte el presidente de la República
Ospina Pérez en su mensaje de enero de 1948 decía en apoyo a la
truculenta argumentación de L. Gómez: "El fraude desencadena la
violencia". De esa manera el primer mandatario justificaba la Violencia
que campeaba en los departamentos de Nariño, Santander y Boy acá.
El manejo de la información sobre los resultados electorales de abril
de 1970 proyectaron para el período del Frente Nacional el espectro del
fraude oficial. El código M 19 expresa la justificación política de un
proyecto extraído de la valoración de las alternativas de un proceso
electoral.
El interminable como ardoroso debate sobre el fraude electoral ha
constituido con respecto al sistema de dominación el índice más
inmediato pero no el único de pérdida de legitimidad, entendida ésta
10. Arturo Alape. El Bogotazo, Memorias de Olvido. Fundación Universidad Central. Bogotá, 1983,
p. 83.
11. Max Weber. Economía y Sociedad. Esbozo de Sociología Comprensiva. Fondo de Cultura
Económica. México, 1969 p. 1057.
288 como el conjunto de motivos de justificación interior" (12). Cuando el 9
de noviembre de 1949 piquetes de militares y policías se hicieron
presentes en el Capitolio y obligaron a los legisladores a desalojar el
recinto por orden del presidente de la República Mariano Ospina Pérez,
se inició en Colombia un período de desistitucionalización que se ha
prolongado hasta el presente.
La expresión más cabal de ese proceso ha sido la aberrante
recurrencia de los gobiernos al Artículo 121 de la Constitución Nacional,
norma que en cierto modo coloca entre paréntesis el resto del
ordenamiento jurídico diseñado en la Carta.
En virtud de la limitación de los factores de consenso que sirven de
base al sistema político, los grupos dominantes se han visto precisados
a lanzar al escenario político a las fuerzas armadas. Estas a su vez no se
resisten en ejercer con cierto grado de autonomía los roles políticos que
les han sido asignados. Vinculados al fenómeno anterior, desde finales
de los años setenta mostraron su torbo rostro fenómenos que se creían
asociados casi exclusivamente a los regímenes militares del cono sur,
tales como la utilización de apremios y torturas para obtener
confesiones, la relación de organizaciones paramilitares con grupos y
personas ubicadas en aparatos del Estado.
En el presente análisis no se han tomado en cuenta los factores de
orden económico dado que se ha fijado la atención en los momentos
políticos exclusivamente.
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